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Hombre de 68 años condenado por red IPTV pirata que facturó 1,5 millones de euros

La Policía de Londres desmantela una de las mayores operaciones de streaming ilegal en el Reino Unido.

Un hombre de 68 años ha sido condenado a más de seis años de prisión en Reino Unido por dirigir una red de IPTV ilegal que facturó más de 1,5 millones de euros. La Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Policía de Londres (PIPCU) desmanteló la infraestructura, incautó 80 servidores y cerró el servicio que alimentaba a miles de suscriptores.

El negocio se sustentaba en un entramado técnico de 80 servidores, distribuidos para equilibrar la carga y evitar interrupciones. Cada nodo retransmitía la señal capturada y la enviaba a los clientes mediante protocolos de streaming habituales, lo que hacía difícil su detección a simple vista.

Operación policial

La investigación reveló que la plataforma operaba desde unas instalaciones en Chorley y estuvo activa durante tres años. Con 80 servidores, el sistema retransmitía en directo canales de la BBC, ITV, Sky, partidos de la Premier League y un amplio catálogo de series y películas de las principales plataformas de streaming. El servicio estaba disponible tanto para usuarios en el Reino Unido como para clientes en el extranjero, lo que lo convertía en una de las redes de IPTV más extensas de Europa. Bleeping Computer confirmó que la incautación dejó sin servicio a miles de suscriptores en el instante mismo del apagado.

Repercusiones legales

El responsable de comunicación de la Premier League describió a la red como uno de los proveedores pirata más importantes del continente. La policía ha preservado los datos almacenados en los servidores, lo que permitirá identificar a los usuarios finales y, según la fiscalía, podría derivar en multas significativas por infracción de derechos de autor. Además, se ha activado la Ley de Recuperación de Bienes Obtenidos por Delito del Reino Unido para embargar los ingresos acumulados por Milan Ibrahim durante su actividad.

La sentencia muestra que las autoridades británicas están dispuestas a perseguir tanto a los operadores como a los consumidores de servicios de streaming no autorizados. La caída del servicio dejó un vacío que otras plataformas legales intentan cubrir, mientras los usuarios buscan alternativas.

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